*

Negocios

La ley para reactivar el sector del Software le costará al gobierno $10.000 millones

Se trata de una preocupación de todo el rubro relacionado con el desarrollo de software en el país, que hoy emplea a cientos de miles de personas. Cuál es la "rosca política" detrás y que otras iniciativas a favor de uno de los pocos sectores dinamizadores de la economía están en veremos.

Por LORENA ZAPATA - 17 de Abril 2019
La ley para reactivar el sector del Software le costará al gobierno $10.000 millones

La relación entre el gobierno nacional y el sector de desarrollo tecnológico ha sido por lo general uno de cooperación pero no es todo lo que se esperaba de los políticos que tomaron medidas del calibre del Polo Tecnológico de Parque Patricios, con sus beneficios fiscales. En el medio, como quedó establecido en la memoria popular, pasaron cosas. Valga un ejemplo: las retenciones el sector de desarrollo de software que se impusieron el año pasado. Por eso la continuidad de la Ley de Promoción del Software -que vence el próximo 31 de diciembre se ha convertido en fundamental para el impulso de una de las pocas industrias que no dejan de crecer en la Argentina, que en 2017 alcanzó un record histórico en las exportaciones, u$s 1699 millones, según el Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos (Opssi). 

Con el vencimiento de la ley mencionada se caen incentivos y beneficios impositivos millonarios que tienen las empresas dedicadas al desarrollo de estas tecnologías desde hace 15 años. Esa fecha límite pone al sector en estado de alerta por la falta de certidumbre respecto al marco legal de sus negocios en el corto plazo, la Cámara de Diputados de la Nación acaba de iniciar el debate de la Ley de Economía del Conocimiento. 

Se trata de un proyecto elaborado en la cocina de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, que encabeza Mariano Mayer, para poner paños fríos a una tormentosa relación entre el sector y el gobierno dado que prorroga el régimen vigente del software por otros diez años, actualiza la norma a los tiempos que corren e incluye, como novedad importante, a otros sectores como la biotecnología, robótica, inteligencia artificial, la impresión 3D, las industrias creativas y de videojuegos, los satélites y los servicios profesionales de exportación.

Ahora bien, como ninguna batalla está ganada de antemano, y menos en un año electoral, aquí se abren algunos interrogantes que son los que preocupan a los involucrados: ¿podrá esta iniciativa superar las dificultades que tiene el Congreso para sesionar en un año con presidenciales? ¿lograrán oficialismo y oposición ponerse de acuerdo en ese contexto para dar un rápido tratamiento al tema y definirlo antes de la fecha de vencimiento de la norma vigente, que necesita el aval de las dos cámaras para ser ley y luego la reglamentación del Poder Ejecutivo para ser aplicable? Y ¿el texto saldrá tal cómo fue presentado o los diputados y senadores le realizarán modificaciones que alteren el acuerdo entre el sector y el gobierno?

Mirá también

El señor 8 de Google

Urs Hölzle trabaja desde hace más de 18 años en la compañía y hoy es su máximo responsable de infraestructura. Cómo imagina un futuro para las empresas sin servidores ni software empaquetado.     

Una cosa es clara y hasta alentadora para las empresas: si hay un proyecto de ley vigente en el Congreso que, pese a las objeciones que puedan surgir en el debate -que ya las hay-, tiene posibilidades de ver la luz antes de fin de año, es este. Por una simple razón: a cualquier bloque opositor le resultaría sumamente difícil oponerse en plena campaña electoral a un régimen de promoción que fue un éxito ya que las empresas adheridas emplearon hasta cuatro veces más trabajadores, vendieron seis veces más y exportaron cinco veces más que las no adheridas. Además, porque es sobre las industrias englobadas en el proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento que cae el Decreto 1201/2018, que impuso en diciembre último un derecho de exportación del 12% -esto es de $ 4 por cada dólar de valor imponible- a los servicios de software, profesionales y de consultoría que se venden al exterior. 
Sergio Candelo, secretario de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), asegura a El Cronista que "más que la Ley de Conocimiento, esta es la Ley del Empleo del Futuro", y anheló que "el debate no se politice porque de lo que se trata es de una política de Estado. Es muy importante que la Argentina comience a ver a la economía del conocimiento como un sector pujante y fuerte que hoy es el tercer complejo exportador después de granos y aceites y los autos, con un aporte al país de u$s 6000 millones".

Las cuentas de la rosca política

Tres factores -dos intra-Congreso y uno extra- muestran la predisposición del oficialismo y la oposición por tratar el proyecto. No obstante, ello no significa que no haya críticas u objeciones al proyecto oficial. El primero es que, si bien se elaboró en mesas de trabajo sectoriales en el ministerio que lidera Dante Sica, ingresó al Congreso con la firma de un diputados oficialista, Luciano Laspina -que dirige la comisión de Presupuesto y Hacienda-, y, más importante aún, de dos opositores de peso, Juan Brügge (Córdoba Federal), presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, encargada de llevar adelante el debate, y de Marco Lavagna (Frente Renovador-UNA), portador de un apellido entendido en la materia. Durante la primera reunión informativa de debate, Brügge defendió el proyecto y aseguró que "evita la fuga de cerebros y rescata el talento de los argentinos", recuperó como positiva la propuesta de "ampliar la medida a otras industrias" más allá del software y afirmó que brinda "estabilidad fiscal" en tiempos de turbulencia económica.  

El segundo factor es que el proyecto ingresó el 3 de abril a Diputados y en menos de una semana ya está analizándose en las comisiones con perspectiva de lograr, tal como aspira el oficialismo, la media sanción en la sesión agendada para el 24 de abril (hay proyectos de ley impulsados por el gobierno que duermen el sueño de los justos por meses u años). "Hay consenso y mucho diálogo con los opositores que firmaron el proyecto. Son las mismas empresas del sector las que les explicaron que esta es la ley que ellos necesitan, no hay grieta", asegura a este medio el secretario Mayer y agregó que se trata de "una ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando Roberto Lavagna era su ministro de Economía, renovada en tiempos de Cristina Fernández y probablemente ampliada y mejorada por Mauricio Macri. Si se logra la aprobación, estamos entonces ante una política de Estado", remata. 

En tercer lugar, con olfato político electoral, y en medio de un 2019 marcado por la inflación y la recesión, el Gobierno nacional decidió incorporar al exitoso régimen de promoción a uno de los sectores preferidos del presidente Macri: las startups, por expresar a la perfección el espíritu optimista que pregona el PRO desde sus orígenes en la ciudad. El jefe de Estado ya apareció en oportunidad de la presentación del proyecto de la Economía del Conocimiento en la Casa Rosada con representantes de los "unicornios" argentinos (Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar) y quienes apoyaron entusiasmados la medida. "En la industria del software se han creado 110.000 puestos de trabajo en los últimos 15 años. Si ampliamos los beneficios impositivos y tributarios de ese sector a otros rubros de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, estaríamos transformando la economía del país", aseguró esperanzado Pablo Menna, presidente de Integral Software, una empresa entrerriana que aplica el desarrollo tecnológico a los servicios de salud, en la primera jornada de debate del proyecto.

La letra del proyecto

Con todo, entonces, ¿cuáles son los beneficios de las empresas y rubros alcanzados? Uno de los puntos clave del proyecto es que les otorga estabilidad fiscal por la cual las compañías "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional mientras dure el régimen incluyendo los derechos de exportación" que se establecieron a fines del año pasado de hasta $ 4 por cada dólar vendido al exterior y se estipula que quienes facturen hasta $ 600.000 por año, las Pyme, no lo paguen. También se prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias. 

Así las cosas, habrá un mínimo no imponible acelerado para no pagar contribuciones patronales. Si ese mínimo, que para economías regionales y sectores sensibles, se sitúa en $ 17.500, para la economía del conocimiento será de $ 45.000. En cuanto al impuesto a las Ganancias que para el conjunto de las empresas es 30% sobre las utilidades y otro 7% sobre el reparto de dividendos, con el propósito de estimular que el usufructo no se reparta sino que se reinvierta, en las tecnológicas será de 15% y 13% si se distribuyen utilidades. Además, si se exporta a un país sin convenio de doble imposición, los impuestos que se retienen en ese país de destino se pueden tomar a cuenta de Ganancias. 

$ 10.000 millones

será el costo fiscal de la nueva ley, aproximadamente, según fuentes oficiales.

"El objetivo es duplicar las exportaciones de la actividad en los próximos 10 años para saltar de los 6 mil millones actuales a u$s 15.000 millones de dólares y generar más de 200.000 puestos de trabajo", revela Mayer. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a los beneficios? Acreditar que el 70% de su facturación proviene de una de las actividades tecnológicas y tener una certificación de calidad. El 3% de sus ingresos se debe aplicar a la investigación y desarrollo y el 8%, a capacitación. Y tiene que exportar, como mínimo, un 13%. 
Adicionalmente, el nuevo régimen prevé un tratamiento diferencial para los emprendedores y las microempresas. Primero, releva del cumplimiento de los requisitos a las micro-pymes, quienes deberán acreditar solamente el porcentaje de facturación en las actividades promocionadas. Luego, específicamente en relación a los emprendimientos, el proyecto contempla que todos los beneficiarios del nuevo régimen efectuarán una contribución anual a favor del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce) creado por el artículo 14 de la Ley Nº 27.349, fondo que tiene como objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales.

Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting y speaker de tecnología opinó ante la consulta de IT sobre el proyecto en debate: "Es la mejor que se pudo conseguir en el contexto actual. Estando tan próximos al vencimiento de la ley que beneficia al sector de software lo bueno es mejor que lo perfecto. Como integrante del sector, yo hubiese preferido una ley más específica para promocionar exclusivamente a la industria del software, que incluya un capítulo que favorezca la integración de la cadena de valor y que discrimine en función del valor agregado que se está generando. Eso no significa que esté en desacuerdo con que haya incentivos para la industria del conocimiento. El tema es que el Estado cuenta con un presupuesto limitado que ahora deberá dividirse más".

Los puntos flacos

Del análisis más fino del texto surgen objeciones que prenden una luz de alerta sobre lo que están votando los legisladores. "El proyecto busca dar tranquilidad a los empresarios y emprendedores, brindándoles estabilidad fiscal y ciertos beneficios, en una economía afectada por la caída del mercado interno, altas tasas de interés y una devaluación imprevisible", señaló Diego Rossi, docente e investigador del Observatorio DERCOM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pero advirtió que "el paquete entraría en vigencia en enero de 2020, tal vez con un nuevo gobierno en la Argentina, y ni los firmantes del proyecto ni el Ejecutivo se preocuparon por informar en los escuetos fundamentos, el impacto fiscal discriminado por sector, o diferenciando a los grandes consorcios como MercadoLibre, Despegar o la Disney, de otros necesitados pequeños y nuevos emprendedores". 

Si bien aún no se conocen números oficiales, algunas estimaciones de este investigador proyectan un costo fiscal total estimado en aproximadamente $ 4.000 millones anuales (dicen desde la oposición), pero, por la amplitud de las actividades incluidas, podría ascender a un 0,4 o 0,5% del PBI para 2020 y años siguientes, un presupuesto mayor a la inversión pública anual en Ciencia y Tecnología. "Y, todo esto, en un contexto de restricción presupuestaria", recordó Rossi. Desde el oficialismo el costo fiscal de la medida sería mayor mayor: $ 10.000 millones.

En tanto, un diputado oficialista que pidió a este medio no ser identificado objetó que más allá del artículo referido a los actuales beneficiarios del régimen de la Ley del Software (artículo 2, inciso a), la redacción de las definiciones de los sujetos comprendidos "es amplia y vaga". Por ejemplo, se habla de solo de "Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación"; o se puntea "Producción y postproducción audiovisual", sin mayores precisiones. A su vez, la reglamentación de la norma podría toparse con varios escollos si el objetivo es que esté lista para el 1 de enero de 2020, fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen: al abarcar tantos sectores, podría llevar mucho tiempo; podría prolongarse por la cantidad de organismos intervinientes, entre ellos la AFIP y la coexistencia de regímenes de actividades diversas, la tornará de difícil aplicación."

"La incorporación del sector 'producción y postproducción audiovisual' profundiza el disciplinamiento de las industrias culturales bajo la mirada genérica de las carteras de Producción y Hacienda", opinó Rossi y recordó que "el gravamen a las exportaciones de servicios, quizás menos doloroso para las empresas de software pero grave para las televisoras y cineastas cuyas cuentas están bajo la línea de flotación, por falta de crédito y el recorte de los históricos fondos públicos, son contradicciones de un gobierno que no atiende cuestiones de concentración. Más bien promueve economías de enclave en tiempo de un capitalismo de plataformas que demandan mayor precisión para las medidas de fomento".

Promoción, exportaciones y retenciones

"Pensar que la Ley de Economía del Conocimiento es para paliar el tema de las retenciones es una mirada muy corta. No pensemos que es una moneda de cambio. Esta ley sienta las bases para que un sector que se ha desarrollado mucho pueda tener un salto cualitativo importante", afirmó Sica en una conferencia de presentación del proyecto. 

Mientras que, en declaraciones a este medio, Mayer reafirmó que "esta ley no está pensada para resolver un problema o tensión de coyuntura sino para los próximos diez años de la Argentina". Además, el funcionario describió que "cuando tomamos la decisión de fijar las retenciones, la mayoría de las empresas y cámaras del sector entendieron que era una medida extrema y nos pidieron tres cosas: que la medida fuera limitada a dos años y que eso estuviera en la reglamentación; que se incluyera las particularidades del sector y que se tuviera en consideración a los emprendedores y las Pyme. Y tuvimos todo eso en cuenta", concluyó.

Las retenciones a las exportaciones seguirán para todos por un año más, pero el nuevo proyecto de ley intentará llevar algo de calma y certidumbre a la industria preferida de Macri en el año en que se juega la continuidad de Cambiemos en el poder. Y además quedan pendiente el resto de los proyectos en danza.

ACTIVIDADES Y RUBROS QUE INCLUYE:

  • Software, servicios informáticos y digitales.
  • Producción y posproducción audiovisual.
  • Biotecnología, neurotecnología e ingeniería genética.
  • Servicios geológicos y de prospección.
  • Inteligencia artificial, robótica, (IOT) Internet de las cosas.
  • Servicios profesionales de exportación.
  • Nanotecnología y nanociencia.
  • Industria aeroespacial y satelital.
  • Actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias édicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

OTROS PROYECTOS DE LEY PARA EL SECTOR

1. Creación del Programa de Estímulo a la Innovación y Desarrollo de Industriales Estratégicas para el Crecimiento Nacional – Argentina 2025

Objetivo: destinar recursos fiscales a los proyectos de I+D en las industrias de la alimentación, servicios de software, de la defensa, de energías, farmacológica, telecomunicaciones y actividad aeroespacial; por ser consideradas actividades esenciales y para asegurar un proceso de desarrollo sustentable en el tiempo.

Autor: Alejandro Ramos (Primero Argentina).

2. Creación de un Régimen de Promoción para empresas y organizaciones civiles y científicas de Innovación y Desarrollo científico y tecnológico (I+D e innovación)

Objetivo:  la creación, diseño, investigación, Innovación y desarrollo, científico y técnico para procesos industriales, farmacéuticos y de medicina de precisión. También, procesos accesorios a el diseño de prototipos, patentes y diseños industriales.

Autor: Gustavo Bevilacqua (UNA)

3. Creación de una Observatorio Científico Integral de Agroquímicos

Objetivo: generar información pública en base a información científica, nacional e internacional, sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria.

Autor: Roberto Salvarezza (FpV-PJ)

4. Creación del el Consejo Federal de Inteligencia Artificial

Objetivo: fomentar el estudio, concientización, investigación y difusión de temáticas relacionadas a la Inteligencia Artificial y afines, como así también oficiar de organismo interjurisdiccional consultivo en estas materias.

Autor: Victoria Rosso (Justicialista)

5. Incentivo tributario al gasto de inversiones en investigación, desarrollo e innovación de las empresas

Objetivo: Las empresas podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el treinta por ciento (30%) de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo e innovación, para el pago de impuestos nacionales.

Autor: Brenda Austin (Cambiemos)

6. Creación del Consejo Federal de Robótica

Objetivo: Desarrollar la robótica en todo el territorio nacional, tendiendo a su difusión, conocimiento, perfeccionamiento y aprovechamiento integral.

Autor: Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista)

7. Creación Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria Argentina de Bienes Tecnológicos

Objetivo: generar políticas de estado tendientes a desarrollar la industria tecnológica argentina y brindarle un marco de protección, no sólo a los sectores y bienes inicialmente incluidos en la norma, sino y fundamentalmente a aquellos que el Comité del Programa de Desarrollo de la Industria de Bienes Tecnológicos determine como esenciales a los fines de sus planes estratégicos.

Autor: Matías Rodríguez (FpV-PJ)



¿Te gustó la nota?

Comparte tus comentarios

2 Comentarios

Jerry Loans Reportar Responder

Necesita un pr�stamo? Cont�ctenos ahora a trav�s de: sloanslimited@gmail.com

Guillermo Martin Reportar Responder

De los "otros proyectos" ninguno habla de capacitación? dedónde van a salir los profesionales que se necesitan?

Notas Relacionadas